PAB 498/03

LAUDO ARBITRAL DICTADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 2003 POR FRANCESC PÉREZ AMORÓS, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUÑA COMO VÍA DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO EXISTENTE EN LA EMPRESA B. G. A., S.L. (EXPEDIENTE PAB 498/2003).

El conflicto sometido al presente Laudo arbitral versa sobre los siguientes

HECHOS

PRIMERO

Con fecha de 17 de octubre de 2003, Dña. S. A. i A., actuando en su calidad de Presidenta del Comité de Empresa de la Empresa B. G. A., S.L., presentó escrito introductorio dirigido al Tribunal Laboral de Cataluña por el que se “plantea el intento de conciliación en materia de conflicto colectivo, frente a la Empresa B. G. A. SL”,  solicitando “se proceda a citar a las partes para el preceptivo acto de conciliación al objeto de que por parte de la empresa se reconozca el derecho de los trabajadores a percibir la totalidad de las cantidades conseguidas por consecución de los objetivos correspondientes al año anterior”. Se da por reproducido aquí la exposición de “hechos y fundamentos” que constan en el escrito de referencia.

SEGUNDO

El día 4 de noviembre de 2003, se celebró el preceptivo trámite de conciliación y mediación ante el Tribunal Laboral de Cataluña, Delegación de Barcelona. Seguido el procedimiento que regula dicho trámite, se levantó, con la misma fecha, la correspondiente acta en la cual constan las siguientes circunstancias: primero, la exposición de la representación de los trabajadores en punto a los hechos que según su opinión originan el conflicto jurídico colectivo (relato expositivo que, por lo demás,  coincide literalmente con el contenido en el escrito introductorio  de 17 de octubre de 2003 referenciado en el hecho primero); y en segundo término consta, sin más, la oposición de la representación empresarial sobre el relato y pretensiones formuladas por la representación de los trabajadores.

Además, en dicha acta, consta que ambas partes alcanzaron un ACUERDO expresado en los siguientes términos:

“PRIMERO: Ambas  partes se someten expresamente al trámite de arbitraje previsto en los artículos 15 y siguientes del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Laboral de Cataluña, y designan por unanimidad al Sr. Francesc Pérez Amorós, árbitro del Cuerpo Laboral de Árbitros del Tribunal Laboral de Cataluña”

“SEGUNDO: En base a l’Acord de Modificació Col.lectiva  del sistema retr5ibutiu dels Professionals d’Atenció Primària de Salut de BGA, S.L. de data de 28 de novembre de 2000, i en particular sobre el conceptes salariales variables (graella d’indicadors , enquesta de satisfacció de l’usuari i projectes de direcció), determinar la naturalesa dels esmentats conceptes, en concret si correspon o no l’aplicació de descomptes proporcionals els dies que el traballador està en situació de vaga, incpacitat temporal, reduccions de jornada de les establertes en la Llei 39/99 de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, suspensions de contracte per permisos sense sou, exdedències voluntàries i extincions de contractes”.

“TERCERO: El arbitraje al que se someten ambas representaciones tiene la calidad de arbitraje en derecho”.

TERCERO

Este árbitro aceptó, en tiempo y forma, la referida proposición de ambas representaciones en punto a dictar un laudo arbitral en calidad de derecho sobre la  cuestión jurídica litigiosa que las mismas formulan en los precisos términos referidos en el punto Segundo del Acuerdo referenciado en el hecho anterior. Y en tiempo y forma, convocó una reunión conjunta de ambas representaciones para el día 11 de noviembre a las 10.00 horas en la sede del TLC a los efectos de celebrar el pertinente trámite de audiencia.

CUARTO

El día 11 de noviembre de 2003 a las 10.00 comparecen ambas representaciones y se da inicio al trámite de audiencia. Este árbitro, en primer término, solicita de ambas partes que se manifiesten expresamente sobre si se ratifican o no en sus opiniones y postulaciones, requerimiento al que ambas  responden en el sentido de mantener sus posiciones;  en segundo lugar, recuerda a las partes que si lo estiman oportuno, pueden, en cualquier momento del trámite de audiencia, llegar a un acuerdo total o parcial sobre la cuestión litigiosa; y en último lugar, este arbitro requiera a las partes que de forma oral expongan y razonen sus posiciones, y aporten, si así lo estiman oportuno, cuantos escritos y documentos tengan a bien  en defensa de sus respectivos intereses.

Por mutuo acuerdo de las partes, en primer lugar interviene, en nombre de la representación de los trabajadores, D.Juan Cobacho Marín (Asesor Unió General de Treballadors)  para exponer los hechos y razones que en su opinión justifican su postulación, exposición oral que se recoge en el escrito de alegaciones que en dicho momento aporta, haciendo lo propio con otros documentos. Este árbitro, muestra a la parte empresarial toda dicha documentación, ésta la consulta, y no manifiesta consideración sustancial  alguna sobre la misma, y en consecuencia este árbitro incorpora al expediente dicho escrito de alegaciones y la documentación complementaria referida.

A continuación interviene, en nombre de la representación de la empresa, D. Francesc José María Sánchez  (Letrado), quien en  primer lugar  hace entrega a este árbitro del “poder para pleitos” que acredita la representación que ostenta, documento que se adjunta al expediente. A continuación expone los hechos y razones que en su opinión justifican las postulaciones de la empresa, exposición verbal que se recoge en el escrito de alegaciones que en dicho momento aporta, haciendo lo propio con otros documentos. Este árbitro, muestra a la parte trabajadora toda dicha documentación, ésta la consulta y no manifiesta consideración sustancial  alguna sobre la misma, y en consecuencia  este árbitro incorpora al expediente dicho escrito de alegaciones y la documentación complementaria referida.

A continuación, y a petición de ambas representaciones, este árbitro abre un nuevo turno de palabras, interviniendo durante el mismo dichas partes y haciéndolo así en diversas ocasiones y siempre de forma alternada.

Se dan aquí por reproducidas  las intervenciones orales de las partes por cuanto que las mismas, a criterio de este árbitro, se reflejan fielmente en los escritos de alegaciones que las mismas han presentado y que han sido incorporados al expediente en los términos y condiciones antedichas.

En resumen, de las exposiciones orales y escritos de alegaciones de ambas partes, y en el orden que las mismas se han presentado en el trámite de audiencia, se genera la siguiente controversia. La representación de los trabajadores entiende que el “Acord de modificació colectiva del sistema retributiu dels professionals d’atenció primaria de Salut de BGA, SL”, firmado el 28 de noviembre de 2000, al referirse y regular las cantidades salariales cuya cuantía queda condicionada al logro de tres objetivos (“parrilla de indicadores”, “encuesta de satisfacción” y “proyectos de dirección), lo hace en el sentido de establecer una retribución salarial devengada en un determinado ejercicio (año) aunque a liquidar con diferente periodificación pero siempre en el ejercicio (año) posterior; de lo cual deduce y en consecuencia solicita que los tiempos de trabajo durante los cuales los trabajadores/as no presten sus servicios debido a las suspensiones de los contratos de trabajo que pudieran  acaecer durante el año en el que precisamente se satisfacen o liquidan dichas cantidades salariales condicionadas al logro de los objetivos referidos no comporten merma alguna de la cuantía de las mismas, descuento que tampoco entiende procedente por motivo de una reducción de la jornada    laboral con ocasión de conciliar la cida laboral y familiar. En este sentido en el punto  sexto de su escrito de alegaciones se apunta “Les retribucions  aconseguides per complir els objectius de la part variable no tenen carácter de retribució per unitat de temps, doncs estan en funció d’elements aleatoris definits de forma anual, una part el Catsalut, una mitjançant una negociació entre empresa i grups professionals (grella d’indicadors)i una altre decidits directament per la pròpia direcció (projectes de direcció i enquesta de sattisfacció)”.

 La representación de la empresa entiende que dicho “Acord de Modificación col.lectiva…”, de 28 de noviembre de 2002, al referirse y regular las cantidades salariales cuya cuantía queda condicionada  al logro de los tres objetivos antecitados, lo hace en el sentido de  simplemente establecer una fórmula en la que basar el cálculo de la cuantía de dichas cantidades salariales, entendiendo así que tanto el devengo como la liquidación o pago de la mismas se genera y práctica en el ejercicio (año) posterior; y por ello entiende y consiguientemente postula que las reducciones de jornada laboral en atención a al conciliación de la vida laboral y familiar y las suspensiones de los contratos de trabajo que puedan producirse durante el año en el que precisamente se devengan y satisfacen o liquidan dichas cantidades salariales condicionadas al logro de los objetivos referidos conlleven la merma proporcional de la cuantía de las mismas. En esta línea argumental en el punto tercero de su escrito (primer párrafo)  de alegaciones se explicta que “L’empresa considera que no és ajustada a dret ni conforme als pactes retributius, la pretensió deduïda per la representació legal del treballadors, per què, independentment de com s’hagin meritat les retribuciones i com és retribueixin- en una sola paga, com és el cas dels conceptes Enquesta de Satisfacción dels Usuaris i Projectes de Direcció o en les catorce pagues com és el cas de la Graellaad’Indicadors-  el cert ès que les situaciones de suspensió de contracte +el cas de vaga es el més paradigmàtic- o de reducció de jornada, sigui per motius de conciliació de la vida familiar i laboral o d’altres, la retribució del treballador s’ha de veure necessàriament afectada tant  en la seva part fixa com en la <>”. Dicha representación en su exposición y escrito de alegaciones (punto sexto), ofrece un margen de acuerdo en punto a las cantidades salariales derivadas del logro de  uno de los objetivos (“proyectos de dirección”), pero entiende que en relación a las cantidades derivadas de los otros objetivos (“parrilla de indicadores” y “encuesta de satisfacción”) debe aplicarse las reducciones proporcionales cuando durante el año sobrevengan suspensiones de los contratos de trabajo. En este punto, este árbitro, vuelve a insistir a las partes sobre si se dan las circunstancias que hagan posible un acuerdo total o parcial entre las partes. Consumido un breve receso, la parte empresarial  insiste en todo lo anteriormente manifestado, y la parte trabajadora hace lo propio.

Ambas representaciones proponen a este árbitro aportar nueva documentación que estiman relevante, éste admite la petición y en consecuencia y con asentimiento expreso de ambas partes suspende el trámite de audiencia y de común acuerdo se fija su reanudación el día 21 de noviembre a las 9.00 horas. Se levanta acta de esta primera fase del trámite de audiencia.

Reanudado  trámite de audiencia en día y hora prevista, este árbitro muestra a la parte empresarial la  “Documentacón adicional…” presentada por la representación de los trabajadores en este Tribunal Laboral de Catalunya vista y consultada por aquélla  se adjunta al expediente. La parte empresarial no ha aportado documentación adicional. A petición del árbitro intervienen ambas partes, que coinciden en manifestar:  tanto su voluntad negociadora, por entender que el sistema retributivo establecido en el “Acord  de Modificació Col.ectiva…” de 2002,  establece un  sistema retributiva en parte alternativo al previsto en el Convenio Colectivo de aplicación ( Convenio Colectivo Autonómico para los establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia y consulta y laboratorios de análisis clínicos de Cataluña +excepto Red Hospitalaria de utilización Pública-) (Res. 12.VIII.2002; DOGC, 3.X.2002) que por su lógica complejidad requiere de constantes adecuaciones y sucesivas precisiones  como  la imposibilidad +en contra de lo que sería su deseo- de lograr  acuerdo alguno en este trámite da audiencia. Finalmente elevan a definitivas sus postulaciones, ratificándose en someter a arbitraje de derecho la cuestión, y en los mismos términos, que se habían acordado en el acto de conciliación y mediación y que se reproduce literalmente en el Hecho Segundo, segundo párrafo in fine. Este árbitro, con el beneplácito de ambas partes, da por concluido el trámite de audiencia, disponiendo que se extienda la correspondiente acta.

Oídas las exposiciones de ambas representaciones, estudiadas que han sido las alegaciones escritas y analizada la documentación aportada por las mismas,  todo ello de acuerdo con la normativa vigente y con estricta sujeción al objeto de conflicto jurídico planteado, este árbitro manifiesta su conclusión jurídica en el siguiente arbitraje de derecho de acuerdo con su leal saber y entender, y por ello a los referidos hechos resultan de aplicación  los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Teniendo presente la normativa general heteronómica que regula el derecho a la percepción y puntual liquidación de la remuneración salarial pactada o legalmente establecida (arts. 4.2-f  y 26 a 31 y 85.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores +en adelante Ley del Estatuto de los Trabajadores- y normas complementarias) y el “Convenio Colectivo Autonómico para los establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia y consulta y laboratorios de análisis clínicos de Cataluña (Excepto red hospitalaria de utilización pública” (Resolución  de 12 de agosto de 2002 publicado en DOGC de 3 de octubre de 2002) y en especial el articulado del mismo que regula el salario,  el “Acord de modificació col.lectiva del sistema retributiu dels professionals d’atenció primaria de SALT de BGA,SL”, firmado por las partes en litigio el 28 de moviembre de 2000 (Acuerdo Colectivo 2000, en adelante), establece tres cantidades dinerarias cuyo pago y cuantía depende del grado de cumplimiento de tres “apartats” (sic, Acuerdo 2), que son:  la “parrilla de indicadores” (Acuerdo 3), la “encuesta de satisfacción de los usuarios” (Acuerdo 4)  y los “proyectos de dirección” (Acuerdo 5). Teniendo presente el contenido que el Acuerdo Colectivo 2000 confiere a cada uno de los tres de nominados “apartats”, éstos no pueden entenderse más que como “objetivos” o resultados  a alcanzar, y a mayor abundamiento al respecto, puede y debe advertirse, que dicha condición de auténticos objetivos, también se desprende tanto de la simple lectura de los seis apartados del Anexo 1 (“Graella d’indicadors Any 2000) adjunto al Acuerdo Colectivo 2000, como del dato objetivo consistente en el hecho de que ese preciso nombre (“objetivos”) es el que de forma  expresa se utiliza en el punto 3.5 del mismo. Objetivos pues, a los que se confiere un contenido material preciso (Anexo I, citado) y cuyo grado de cumplimiento se puede comprobar (evaluación) de forma fehaciente y objetiva con la periodicidad y frecuencia anual, bianual o trienal  predeterminada utilizando para ello los criterios preestablecidos (Acuerdos 3, 4, y 5), y objetivos, por lo demás, de cuyo cumplimiento pende el derecho de los/as trabajadores/as a percibir tres retribuciones dinerarias que se hacen efectivas, una  (la derivada del cumplimiento del objetivo denominado “parrilla de indicadores”) prorrateada entre las catorce pagas anuales del año siguiente (una mensual y las otras dos coincidiendo con las gratificaciones  extraordinarias de Navidad y de verano) y las dos restantes y de forma conjunta  (las cantidades derivadas de los objetivos “encuesta de satisfacción de los usuarios” y “proyectos de dirección”) el mes de mayo del año siguiente (Acuerdo 6) coincidiendo con la liquidación del salario correspondiente a dicho mes, y documentándolas  todas  en los correspondientes recibos individuales  justificativos de pago de salarios; y todo ello sin que el montante de cada una de dichas tres partidas  puedan superar unos porcentajes determinados (Acuerdos 3, 4 y 5), y a su vez, sin que la cantidad total de las mismas tampoco pueda sobrepasar   determinados porcentajes del total del salario anual (Acuerdo 1).

SEGUNDO

El conflicto jurídico que se plantea consiste: primero, en determinar la naturaleza de dichas tres retribuciones dinerarias derivadas de los objetivos citados; segundo, si las reducciones de la jornada laboral  por conciliación de la vida laboral y familiar (Ley  39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras), y las jornadas dejadas de trabajar por suspensión del contrato de trabajo (causada por ejercicio del derecho a la  huelga,  por la situación de incapacidad temporal, por el disfrute permisos sin retribución o por excedencias voluntarias) durante el año en que se hace efectivo el pago de las referidas cantidades comporta una merma proporcional de la cuantía  de las mismas; y tercero, si procede o no descuentos proporcionales sobre dichas cantidades con ocasión de la extinción del contrato de trabajo. Cuestión o cuestiones que obligan a discernir si el repetido Acuerdo Colectivo 2000 al establecer  y regular dichas cantidades dinerarias en atención al logro de los objetivos en cuestión lo hace en el sentido expreso de implantar unas retribuciones dinerarias salariales que se devengan a lo largo en un determinado ejercicio o año aunque se liquiden en el siguiente o siguientes, o bien lo que se pretende en el Acuerdo Colectivo 2000 sólo consiste en establecer una simple fórmula o base de cálculo con la cual operar cada período de tiempo a los simples efectos de determinar el cuantía de dichas retribuciones dinerarias,  entendiéndose así que tanto el devengo (nacimiento de la obligación de pagar y del correspondiente derecho a percibir) como la liquidación (momento de pago y cobro efectivo) de dichas retribuciones se posponen para el ejercicio o año siguiente a aquel en el que las mismas se han cuantificado   mediante la aplicación de dicha fórmula de cálculo.

El Acuerdo Colectivo 2000, al establecer dichas cantidades no hace más que determinar en parte, la estructura del salario a percibir por los/as trabajadores/as, todo ello de acuerdo con las previsiones deslegalizadoras del pasaje 26.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. A dichas cantidades relacionadas con el logro de los objetivos en cuestión no les puede corresponder otra calificación jurídico-salarial que no sea la de complementos salariales, así se desprende  -y sin más argumentación jurídica que sería posible aducir aquí y ahora- debido a: primero, si se comprueba que tal es la calificación (“Els complements…”) que se les otorga a dichas cantidades según consta en  de forma explícita en la letra  D de la Exposición del Acuerdo Colectivo 2000), cita que aunque ubicada en la parte expositiva del mismo, por su contenido debe entenderse, a nuestros efectos, tácitamente dispositiva, pues en dicha letra se reproduce (sic) una cláusula que se incluye en los contratos de trabajo, carácter dispositivo que se da en atención a lo prevenido en el precepto 3.1.c de la  Ley del Estatuto de los Trabajadores en clara concordancia con apartado 3 del artículo 26 del mismo cuerpo legal; y además tal condición de complementos salariales se deduce también de los distintos recibos individuales justificativos de pago de salarios aportados por las partes e incorporados al expediente, en los cuales, y como no podía ser de otra manera,  las cantidades derivadas del logro de los referidos objetivos se documentan de forma separada en relación al salario base, incluido el complemento derivado del objetivo denominado “parrilla de indicadores” Así pues ninguno de los  tres complementos salariales puede considerarse salario base entendiendo ahora por este un  concepto salarial fijado por unidad de tiempo y de componente fija y no variable.

Es por todo ello que,  las cantidades dinerarias que penden del logro de los objetivos señalados deben de calificarse de auténticos complementos salariales a todos los efectos.

TERCERO

Cuestión distinta, pero que también resulta necesario precisar y fundar consiste en determinar en concreto el tipo o la naturaleza jurídica que corresponde otorgar a dichos complementos salariales.

De los tres tipos genéricos de complementos salariales que se distinguen  en el pasaje  estatutario 26.3, los que constituyen el origen de litigio objeto de arbitraje, no lo son ni por las condiciones personales del trabajador/ra ni por la situación y resultados de la empresa, sino que en concreto son tres  manifestaciones particulares del  complemento salarial de trabajo (“…el trabajo realizado…”, ex art. 26.3 citado), y ello es así por cuanto que que la causa en la que los mismos encuentran su razón de ser  (“.. complementos salariales  fijados en función  [causados] de circunstancias relativas a las condiciones…al trabajo realizado…”, ex art. 26.3 citado) es precisamente la sola consecución de los objetivos referidos cuyo contenido material, como se ha relatado y fundado, conlleva alcanzar unos determinados resultados mediante la prestación del trabajo debido por razones contractuales. El hecho de que la causa de los complementos controvertidos  sea  el logro de “objetivos”, no resulta ser impedimento alguno para que esta relativamente moderna técnica de estructuración salarial pueda y deba considerarse, a todos los efectos legales,  como una más de las manifestaciones propias del auténtico y clásico complemento salarial de trabajo, dicho sea esto de acuerdo con la mejor doctrina que así se ha pronunciado al respecto, y  en atención a lo prevenido en el repetido artículo 26.3 del la ley del Estatuto de los Trabajadores.

Complementos salariales de trabajo establecidos y regulados en el Acuerdo Colectivo 2000 de los cuales también resultan predicables las siguientes circunstancias. En punto a su cuantía, son  conceptos de condición variable o graduable, sin que tal afirmación pierda sentido por el hecho de que uno de los mismos  -el resultante del  cumplimiento del objetivo denominado “parrilla de indicadores”-  se liquide  mediante el pago de cantidades o partidas estables, y ello es así, a pesar de que para su liquidación haya pactado colectivamente la utilización de la técnica del prorrateo. Y en orden a su regulación, debe tenerse presente que en dicho Acuerdo Colectivo, el derecho al percibo de los repetidos tres complementos salariales de trabajo variables no queda sometido a ninguna otra condición que no sea el simple logro del resultado que por definición debe alcanzarse, circunstancia restrictiva que genéricamente considerada bien hubiera podido aponerse con ocasión de la propia negociación colectiva que implantó y reguló dichos complementos al amparo del  precepto estatutario 26.3, pasaje este que como se ha manifestado deslegaliza la regulación de los complementos potenciando la capacidad reguladora de los convenios y pactos colectivos. Condición limitativa que tampoco se ha pactado individualmente en los contratos de trabajo, siendo cierto, no obstante, que en cambio sí se pactó colectivamente incluir en dichos títulos jurídicos la cláusula reproducida literalmente en la letra D de la Exposición del Acuerdo Colectivo 2000 y a la cual ya nos hemos referido,  cláusula contractual esta de la cual no se desprende condición alguna en orden a lo ahora tratado. Resultando así que es el propio sistema de módulos variables implantado y libremente regulado por ambas partes mediante la negociación colectiva materializada en el Acuerdo Colectivo 2000, el que, teóricamente y en términos generales, podría posibilitar en sentido hipotético que los/as trabajadores/as pudieran alcanzar, total o parcialmente, los objetivos sin necesidad de que, por ejemplo, los/las mismos/as presten al cien por cien la jornada laboral establecida por el Convenio Colectivo sectorial  que resulta de aplicación en la empresa. No son pues complementos fijos ni  fijados por unidad de tiempo, sino en razón de resultados del trabajo prestado, no pudiéndose contradecir dicha observación por mor a que tales resultados se evalúen por períodos de tiempo determinados, pues esta circunstancia no cualifica la naturaleza jurídica de los complementos, sino que simplemente se refiera a una formalidad en orden constatar objetivamente que han sido conseguidos los resultados propios de los objetivos a alcanzar.

Es por ello que interesa concluir este Fundamento de Derecho reiterando que los complementos salariales de trabajo  no se alcanzan en relación al tiempo de la tarea, sino en relación a unos mínimos de obra o trabajo fijados durante el período de tiempo considerado, y que por su cuantía y naturaleza son variables sea cual sea la forma de liquidación. .

CUARTO

Determinada que ha sido la naturaleza jurídica de las cantidades dinerarias (complemento salarial) objeto de controversia y precisado también el tipo concreto de complemento salarial  de la cual las mismas son manifestación (complemento salarial de trabajo variable e incondicionado), todo ello en los términos concretos expuestos, se debe proceder a continuación a considerar la segunda de la cuestiones en conflicto que se  señala en el primer párrafo de Fundamento de Derecho Segundo.

La introducción de un sistema de retribución variable con carácter colectivo, como fórmula de gestión empresarial que es,  requiere desde el punto de vista jurídico laboral  +con independencia de las pautas técnicas del sistema-  la necesaria delimitación precisa de, entre otros,  los siguientes referentes:  los niveles o grados de objetivos a superar debidamente ponderados; la  fórmula para calcular la cuantía del incentivo (complementos salariales aplicados individual o grupalmente); pero además, requiere que se precisen las pautas que concreten tanto el devengo como la liquidación de los referidos complementos. Las omisiones o imprecisiones que al respecto se pudieran observar en el convenio o pacto colectivo que implante un sistema de  retribución variable, desfavorece la seguridad jurídica del mismo. Al referente del devengo y al referente de la liquidación o pago efectivo propio del caso sometido a arbitraje se dedica el presente Fundamento de Derecho.

En orden  al devengo, es decir al momento en el cual  los/as trabajadores/as  adquieren el derecho al percibo de los tres complementos salariales de trabajo referidos, cabe indicar lo que sigue. Partiendo del principio general que el derecho a la percepción de complementos salariales de trabajo que tienen su causa en el logro de objetivos de cómputo periódico (anual o superior período) nace precisamente (se devenga) de la consecución de los mismos ( STSJ de 2 de diciembre de 1991, RJ. 6122), se advierte que el Acuerdo Colectivo 2000 nada estipula en sentido contrario, pues las referencias que se contienen en el Acuerdo 6 y en los concordantes (Acuerdos, 1, 2 3 y 4) deben entenderse en el siguiente sentido.

Los precitados Acuerdos 1, 2, 3 y 4, sólo concretan la configuración, ponderación y medición de los objetivos, y explicitan las debidas y siempre exigibles fórmulas precisas para cuantificar el montante o cuantía de los complementos salariales de referencia evitando así indeterminaciones que podrán poner en peligro la seguridad jurídica exigible, y así es, porque ello se deriva del contenido literal de dichos Acuerdos  (v.gr. ver Acuerdo 3), sino porque además , y por ejemplo, en el Acuerdo 2 expresamente se explicita que se trata de bases de “càlcul” (sic). Interesa advertir que siendo dichos acuerdos producto del desarrollo negocial colectivo del artículo 26.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en ellos  se hubiera podido  -si ello resultare procedente hacerlo de acuerdo con la regla de la norma mínima-  hacer referencia al devengo de los complementos implantados, de la misma manera que en el Acuerdo 1 se recoge la cláusula de garantía “ad personam”, y si así no se hace, como no se hace, cabe deducir que el derecho al percibo de las cantidades derivadas los complementos salariales de trabajo por objetivos se genera a partir del  preciso momento en que se  constata que se han obtenido los resultados que determinan dichos objetivos. A mayor abundamiento sobre el hecho que de dichos acuerdos sólo establecen las fórmulas cálculo referidas, pero nada  establecen que pueda afectar a la fecha del devengo, deben recordarse dos circunstancias más: primera, que el derecho al percibo de tales cantidades salariales no se condiciona a nada más que el logro de unos objetivos configurados únicamente a partir de la obtención de unos resultados materiales concretos que se logran con la simple prestación  del trabajo debido sin tomar en ningún caso en cuenta referencia alguna sobre la jornada laboral o tiempo de trabajo prestado efectivamente; y segundo, que la cláusula contractual a la que se refiere la letra D de la Exposición del Acuerdo Colectivo 2000 se refiere expresamente a “fórmules de cálcul”.

Es cierto que podría resultar paradójico por supuestamente  contradictorio que, por ejemplo,  el complemento salarial variable debido al objetivo denominado “encuesta de satisfacción de los usuarios” +al evaluarse con una periodicidad superior a la anual-  resulte estable (que por su cuantía es no fijo, en sentido jurídico salarial)  hasta la evaluación siguiente  aunque durante el espacio de tiempo que existe entre dos evaluaciones consecutivas se hayan producido reducciones de la jornada laboral o supuestos de suspensión de la relación jurídico laboral,  pero dicha supuesta contradicción no resulta ser tal si tiene  presente el siguiente hecho incontrovertido:  pudiéndose haber pactado colectivamente dicho objetivo y correspondiente complemento salarial bajo otra configuración (al amparo de la repetida liberalidad del artículo 26.3), no se hizo; pero además, pactado en los propios términos en que lo fue, también se hubiera podido, pero tampoco se hizo, adicionar una condición a modo cláusula de salvaguarda frente a ciertas eventualidades,  por cierto muy previsibles en si mismo y muy probables por el tiempo hábil al efecto; así en consecuencia parece pausible  concluir que ambas partes  deberán de  pasar  por lo que libre  y colectivamente se ha pactado en torno al devengo de los complementos salariales  de referencia y así hacerlo en sus propios términos.

Por lo expuesto hasta aquí, se puede formular una primera previsión: los complementos salariales de trabajo fijados por objetivos se devengan en el preciso momento en que está  previsto constatar que se han logrado los  resultados materiales exigidos. Es decir, estos complementos salariales se devengan cuando a criterio de la Dirección de la empresa ( evaluación) el/la trabajador/a ha efectuado real y efectivamente la cantidad de trabajo predeterminado en la negociación colectiva, principio general que sólo admite las excepciones establecidas por la ley, y en ésta o estas  no se preveen como tales las que son objeto de litigio (STSJ Valencia de 14 de diciembre de 1993, AS, 5381; STSJ Madrid de 24 de marzo de 1995, AS. 161271; STSJ Madrid, de 14 de julio de 1995, AS. 206, entre otras).

En punto a la liquidación de los complementos salariales por trabajo fijados por objetivos, cabe recordar que el Acuerdo Colectivo 2000, en su Acuerdo 6 establece: : “L’import de la part fixa de la remuneració i el de la Graella d’Indicadors de l’any anterior es faran efectius repartits entre 14 pagues anyals (1 paga mensual i 1 paga extraorninària de nadal i 1 paga extraordinaria d’estiu. La retribució encómica vinculada als Projectes de Direcció da cada any i a l’Enquesta de Satisfacción dels Usuaris, es faran efectius de manera conjunta, durant el mes de maig de l’any seguent”.  De dicho tenor literal se deducen las siguientes consideraciones.

De la ubicación en el Acuerdo 6 del en el cuerpo del  Colectivo 2000  +después de haber determinado los objetivos y las fórmulas de cálculo de las cuantías de los complementos salariales derivados de los mismos-   se induce una primera cuestión: dicho Acuerdo 6 es  el desarrollo negocial del primer párrafo del  apartado 1 del artículo 29 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya rubrica es “Liquidación y pago”del salario,  y así en  buena lógica cabe presumir desde el principio que en el mismo no se  tratará  de otras cuestiones que no sean las circunstanciales referidas al momento (cómo y cuándo) los/as trabajadores/as  cobrarán (percibo efectivo) las cantidades previamente devengadas en concepto de dichos complementos salariales. Previsión que  plenamente confirma el  propio contenido literal de dicho Acuerdo 6 pues en el mismo no existe más que pautas referenciales  que fijan  el cómo ( pago efectivo fraccionado o conjunto) y el cuándo (prorrateo mensual en 14 pagas y en el mes de mayo)  se materializa efectivamente la liquidación de los complementos salariales de referencia; adviértase al respecto como la redacción del repetido Acuerdo 6 utiliza, y por dos veces, la expresión “es faran efectius” ,  terminología  que con garantías de éxito puede calificarse de sinónima a la que utiliza el precepto 29.1 de la Ley del estatuto de los Trabajadores, el cual como es sabido se refiere precisamente a la “Liquidación y pago” del salario. Dicho sea por omisión:  en tal Acuerdo 6  no existe referencia  alguna que pudiera predicarse del devengo de dichos complementos salariales.

Sea cual fuere cualquiera otra interpretación que pudiera derivarse del tenor literal y contexto sistemático de dicho Acuerdo 6, lo cierto es que según se deriva de las exposiciones orales y de los escritos de alegaciones de ambas representaciones, en la práctica, el empresario satisface  la parte variable del salario, es decir las tres cantidades correspondientes a los tres complementos salariales de trabajo que tienen su causa en el logro de tres objetivos referenciados, el año siguiente de haber alcanzado dichos resultados y así lo hace con la periodicidad y en los términos ya expuestos. La liquidación y pago de los complementos salariales deben hacerse con la puntualidad que exige la normativa aplicable (arts. 4.2. y  29.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), considerándose el momento puntual de la liquidación la fecha convenida (arts.4.2 y 29.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). Así  pues el pago diferido de la parte variable del salario que se practica se ajusta a derecho, pues así se ha convenido colectivamente en atención a lo previsto en la norma estatutaria laboral.

En resumen, el Acuerdo Colectivo 2000, al implantar  un sistema retributivo variable al amparo de las previsiones del artículo 26.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,  establece, como debe hacer, las reglas y fórmulas para determinar los objetivos alcanzar y las bases o fórmulas de cálculo que sirvan para cuantificar el montante de cada unos de los tres complementos salariales;  así mismo, y al amparo del artículo 29.1 del texto legal precitado, sienta las  pautas en orden a establecer el pago diferido pero puntual de dichos complementos; pero, en ningún caso establece pautas en torna al devengo de dichos complementos salariales de trabajo por objetivos.

En consecuencia, la primer previsión deducida, ahora  ya se puede elevar  a conclusión  definitiva: los complementos salariales de trabajo por objetivos se devengan en el preciso momento en el que se comprueba el cumplimiento de los resultados exigidos al efecto, todo ello aunque su pago se difiera al ejercicio/s  o año/s siguiente/s. En consecuencia las reducciones de la jornada laboral y  los tiempos dejados de trabajar por suspensión del contrato de trabajo por causas legalmente previstas y puestas en práctica durante el año/s de su liquidación no podrán mermar las cantidades dinerarias devengadas el año anterior en concepto de los complementos salariales en cuestión. Cuestión  distinta es que dichas reducciones o suspensiones acaecidas durante el año en que se liquidan lo complementos devengados en el anterior, además de provocar, si procede, la merma salarial correspondiente del componente fijo del salario (salario base) del año en curso (art. 45 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes)  pueda a su vez impedir alcanzar, total o parcialmente,  los nuevos objetivos durante dicho año y ello a su vez comporte la merma proporcional de los complementos salariales a liquidar en el siguiente o sucesivos. Valga todo lo afirmado, tanto en orden a la reducción de la jornada prevista en la Ley 39/1999 (citada), como en punto a las suspensiones del contrato de trabajo causadas por  incapacidad temporal, por disfrute de permisos no retribuidos y por excedencias voluntarias, pues en todos los casos, y de acuerdo con la normativa aplicable, la pérdida del salario se predica en relación a los conceptos salariales que se  devengarían durante o a consecuencia  del  tiempo de trabajo dejado de prestar, pero no en relación a cantidades que aunque de naturaleza salarial se hayan devengado antes de tales suspensiones y cuya liquidación se difiere en el tiempo.

Y en particular, cabe dilucidar razonadamente si la suspensión del contrato causada por  el ejercicio del derecho a la huelga (art. 45.1.l de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) practicado durante el año en que se liquidan diferidamente las cuantías de los complementos salariales pero cuyo derecho al percibo se ha devengado el anterior, comporta o no merma alguna proporcional en orden a dichos complementos. La suspensión del contrato por ejercicio de dicho derecho conlleva merma salarial  (artículo 45.2 Ley del Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes), y en este sentido el pasaje  6.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, preceptúa que “Durante la huelga se mantendrá suspendido el contrato, y el trabajador no atendrá derecho al salario”. Conviene no obstante precisar que tal pérdida del salario únicamente se predica en relación a aquellas cantidades pendientes de devengar ( STJ de Cataluña de 16 de junio de 1998, AS. 5877) o que se habrían devengado de haber prestado los servicios, pero no se refiera a la liquidación de cuantías salariales previamente devengadas aunque las mismas estén pendiente de cobro, lo contrario comportaría retrotraer  los efectos salariales  que conlleva el ejercicio del derecho a la  huelga a resultados ya obtenidos, operación que no está prevista en la normativa  vigente y cuya puesta en práctica la infringiría, salvo que al respecto existiera pacto colectivo o individual válido, circunstancia que no se da en el supuesto contemplado; y todo ello por cuento que el derecho a la huelga sólo puede implicar la suspensión del contrato detrabajo  y consiguientemente la de las obligaciones dimanantes del mismo (al salarial entre ellas) durante los días en los que se ejercita, sin mayores consecuencias que supondrían una “sanción” inadmisible respecto de un derecho constitucional de rango fundamental. Recuérdese aquí, y a senso contrario sirva de ilustración a todo lo expuesto en este arbitraje, que el Tribunal Constitucional ha señalado que la cláusula de un convenio colectivo por la que se establece el devengo de un incentivo  en relación a un determinado porcentaje de ausencias, entre las que se computan, expresamente, las derivadas de una huelga no es inconstitucional (STC 189/1993); y además, pero también en el mismo sentido ilustrativo, téngase presente que los efectos de la huelga no proyectan sobre la retribución de los días de descanso semanal, tampoco sobre los 14  día afestivos anuales ni afecta a la duración y retribución de las vacaciones (STS   -unificación de doctrina-  de 13 de marzo de 2001, RJ, 3178; STSJ Castilla-La Mancha de 29 de marzo de 2000, AS. 1472; STSJ Galicia de 16 de junio de 1992, AS. 3951, entre otras).

QUINTO

Y por último, se plantea de forma genérica, si corresponde o no la aplicación de descuentos proporcionales en orden  a dichos complementos salariales en el momento de extinguir los contratos de aquellos trabajadores que hayan reducido su jornada o suspendido su contrato. Si se entiende que tal vicisitud contractual, por el momento en el que sobreviene, ha impedido alcanzar los resultados de los objetivos que causan los complementos salariales de trabajo relatados, lógico es pensar, y así se concluye,  que el/la trabajador no tendrá derecho al percibo ni total ni parcialmente de las cantidades dinerarias correspondientes a los mismos pues no ha devengado su derecho al respecto. Pero  si la terminación del contrato de trabajo se produce con posterioridad al devengo de dichos complementos pero antes de la fecha pactada colectivamente para su liquidación, también se deberán saldar y finiquitar las cantidades propias de tales complementos devengados; pues una solución contraria, resultaría irrespetuosa con el carácter conmutativo y sinalagmático que se predica de tal título jurídico contractual. Dicho sea todo ello en los mismos términos genéricos en que las partes someten esta  cuestión a un arbitraje en calidad de derecho y entendido en el contexto argumental que se sostiene en este arbitraje. A mayor abundamiento, se puede recordar la polémica existente en sede de doctrina judicial para determinar el módulo de cómputo de la retribución variable a la hora de proceder al cálculo de la indemnización por extinción de col contrato de trabajo para aquellos supuestos en los que los incentivos se devengan en períodos superiores al mensual , polémica en la cual no nos interesa ahora entrar a considerar con detalle, ni siquiera citar sentencias la respecto,  pero si advertir que si tales complementos deben tenerse presente en el momento de cuantificar la referida indemnización, con más razón cabe pensar que los complementos ya devengados deben de satisfacerse con ocasión de saldar y finiquitar derechos con ocasión de la extinción contractual. En este caso, y posiblemente en otros, este arbitro es consciente que podrían darse supuestos concretos y particulares  en los cuales la aplicación de lo aquí expuesto sobre el devengo y liquidación de los complementos salariales considerados podría merecer mayor precisión, operación que no procede realizar aquí y ahora  en atención, a los términos expresos en que las partes conforman la cuestión litigiosa objeto de arbitraje y a que éste se solicita en calidad de derecho y no en otra; como asimismo entiende que pudiera tener “cierta lógica” pensar que tales reducciones de la jornada laboral y/o suspensiones del contrato de trabajo pudieran mermar proporcionalmente la cuantía del complemento debido por alcanzar el objetivo propio de la “parrilla de indicadores” pues su devengo se proyecta durante un tiempo superior a un año, pero dicha supuesta “lógica” no se materializa en el Acuerdo Colectivo 2000, y no haciéndolo, no resulta posible entender que lo hace.

Expuesto todo lo que ha sido, de acuerdo con la normativa vigente y con base jurídica en los Fundamentos de Derecho expuestos,  este árbitro dicta el siguiente

LAUDO ARBITRAL

1. Los tres conceptos dinerarios (“parilla de indicadores”, “encuesta de satisfacción del usuario” y “proyectos de dirección”)  tienen la naturaleza jurídica de complementos salariales de trabajo variables por objetivos de pago diferido.

2. No procede la aplicación de descuentos proporcionales sobre ninguno de dichos complementos salarios debido a  los días que los/as trabadodores/as están en situación de huelga, incapacidad temporal, suspensión de contrato por permisos no retribuidos o en excendecia voluntaria.

3. No procede la aplicación de descuentos proporcionales sobre ninguno de dichos complementos salariales dedido a la reducción de jornada laboral prevista en la Ley 39/99, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

4. No procede el pago de ninguno de dichos complementos salariales cuando en el momento de la extinción no se hayan devengado. No procede la aplicación de descuentos proporcionales sobre ninguno de dichos complementos salariales cuando en el momento de la extinción se hayan devengado.

El Laudo únicamente podrá recurrirse ante los tribunales competentes por cuestiones relacionadas con el procedimiento (falta de citación o de audiencia), aspectos formales de la resolución arbitral (incongruencia) o vulneración de los derechos fundamentales o del principio de norma mínima.

 En el plazo de siete días hábiles a contar desde la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar del árbitro la aclaración de alguno de los puntos de aquél, que tendrá que facilitarse en el plazo máximo de 10 días hábiles.

El trámite de aclaración faculta a cualquiera de las partes a solicitar del árbitro, única y exclusivamente, la adecuada matización o esclarecimiento de alguno del os puntos contenidos en el Laudo, sin que en ningún aso tal facultad pueda ser utilizado para rebatir las tesis recogidas en la resolución arbitral.

Francesc Pérez Amorós

Arbitro del TLC

Barcelona, 2 de diciembre de 2003.