PAB 429/01

PAB 429/01

LAUDO ARBITRAL DICTADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 POR ISABEL MARÍA LÓPEZ ESCUDERO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS/AS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE EN LA EMPRESA L.P.D.E,S.A., EXPEDIENTE PAB 429/2001.

ANTECEDENTES

PRIMERO:.- En fecha 25/10/01, las representaciones empresariales y de los/as trabajadores/as de la empresa L.P.D.E.S.A, presentaron solicitud de sometimiento expreso y voluntario a arbitraje de este Tribunal Laboral de Catalunya, designando directamente a ésta árbitra para el conocimiento y solución de su controversia.

SEGUNDO:.- El antecedente inmediato del asunto que nos ocupa, y que motiva el presente arbitraje, es el conflicto mantenido entre las partes como consecuencia de la voluntad empresarial de incrementar la velocidad de la cadena de TRC, extremo que originó el inicio del procedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, RDL 1/95, de 24 de Marzo, y que concluyó sin acuerdo. La empresa comenzó a aplicar el incremento en la velocidad de la cadena, el 3/9/01. Con posterioridad, se impusieron sanciones a 8 trabajadores por supuestos incumplimientos.

En trámite de conflicto colectivo 613/01, las partes suscribieron acta de conciliación en fecha 22/10/01, en el Juzgado de lo Social nº3 de Barcelona. Y, concretamente, en lo que afecta a este arbitraje, por una parte la representación legal de los/as trabajadores/as aceptaba la implantación de la velocidad de 750 tubos/hora (referidos a Flow-Coating) de la cadena TRC, aplicada por la empresa a partir del 3/9/01, y por otra, ambas partes acuerdan someter a arbitraje de equidad a este Tribunal, los extremos que se dirán.

TERCERO:.- Los motivos de arbitraje, en el tenor literal del texto presentado, son los que siguen:

1.- Que se cuantifique, en su caso, el número de plazas necesarias a incrementar en el sistema de producción, por razón del incremento de productividad.

2.- Sobre las medidas de salud laboral a llevar a cabo por la empresa, por razón de los factores de ruido y calor derivados del incremento de velocidad, y el cronograma a seguir dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CUARTO:.- Tras producirse la aceptación de esta árbitra, y trasladada copia del escrito de solicitud del arbitraje, así como del conjunto del expediente obrante hasta ese momento en el Tribunal, se citó a las partes para dar cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 16.6.e) del Reglamento. Comparecidas las representaciones empresarial y de los/as trabajadores/as en tiempo y forma, cuyos datos identificativos se recogen en acta firmada aquél día, la reunión se celebró el 31/10/01 a las 16h, en los locales centrales de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya. Asistieron también las respectivas asesorias jurídicas.

En el transcurso de la comparecencia dicha, las partes expusieron y argumentaron lo que estimaron procedente en apoyo de sus pretensiones. Esta árbitra les requirió la aportación de la documentación en la que apoyaban sus posiciones. La representación legal de los/as trabajadores/as lo hizo el 2/11/01. La empresa por su parte, aportó escrito expresivo de la evolución de la plantilla el periodo comprendido entre 1996 y la actualidad, referido a las plazas afectadas por el arbitraje, documentación que fue requerida expresamente por ésta árbitra, como complementaria de la entregada el mismo día 31/10/01.

QUINTO:.- La empresa está encuadrada en el sector siderometalúrgico, y se rige por convenio propio, que en la actualidad, y desde Julio del corriente, se encuentra en fase de negociación. Su plantilla la componen 660 trabajadores/as, afectando este arbitraje a 466 de ellos/as.

SEXTO:.- La naturaleza y calidad del arbitraje que se solicita, es de equidad. En el trámite de audiencia, las partes aceptaron que el laudo arbitral se dictara el 19/10/01, dentro de los plazos señalados en el artículo 16.9 del Reglamento de este Tribunal.

FUNDAMENTOS DE LA EQUIDAD

I. El TLC es competente para conocer y resolver el presente procedimiento arbitral, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Interprofesional de Catalunya, de 7 de Noviembre de 1990, y en su propio Reglamento de funcionamiento, al amparo de lo que establecen los artículos 63 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por RDL 2/95, de 7 de abril. Esta árbitra ha sido directa y expresamente designada por las partes en el escrito que ha iniciado este procedimiento arbitral, lo que legitima la decisión que se adopte, y que les vinculará.

II. Las posiciones mantenidas por las partes en este conflicto, como indicamos “ut supra”, han venido precedidas del acuerdo alcanzado en trámite de conflicto colectivo, y que, sucintamente, ha consistido en la aceptación por la representación de los/as trabajadores/as, del incremento en la velocidad de la cadena de producción TRC, de tal forma que se ha pasado de producir 667 tubos/hora, a producir 750 tubos/hora.

El precedente existente en la empresa, en cuanto a la aplicación y modificación de los ritmos en la cadena productiva, y, específicamente referido al marco del presente arbitraje, ha sido la vía de la negociación, que, más o menos ardua, ha venido concluyendo positivamente. Y, referimos expresamente este extremo, por cuanto conviene no obviar cual ha sido la cultura de negociación en la empresa, insistimos, en este particular asunto, para que este arbitraje, que se adoptará en estrictos términos de equidad, dirija su solución, ponderadamente, a la búsqueda del equilibrio existente antes de producirse la exteriorización del conflicto.

De haberse solicitado un arbitraje de derecho, acaso la solución sería distinta. Y, se hace especial hincapié en este extremo por cuanto de la decisión de las partes, expresada en acta de conciliación “apud iudice”, de 22/10/01, se desprende directamente su voluntad de que las cuestiones sometidas a este arbitraje, quedan fuera de una decisión neta y exclusivamente de derecho.

III. Por lo expuesto, he de realizar las siguientes consideraciones:

1.- Que la decisión sobre el número de plazas a aumentar en el sistema de producción, se adopta tomándose en consideración, de una parte los intereses, argumentos, datos técnicos y productivos aportados por la empresa, y por otra, los intereses, argumentos y condiciones generales de trabajo de los/as afectados/as.

2.- Que la decisión sobre las medidas relativas a la salud laboral, en relación con la repercusión del incremento de la velocidad de la cadena en las condiciones de riesgo de ruido y calor ( ambiente térmico), se adopta sobre la base de la legislación vigente y las consideraciones técnicas que se consideran adecuadas en su aplicación.

3.- Que esta árbitra, en su pronunciamiento sobre los aspectos relativos a la salud laboral, parte de la base del reconocimiento por ambas partes, de que el incremento de la velocidad de la cadena, ha alterado los niveles de riesgo de ruido y calor, y que, en consecuencia es preciso desarrollar una actividad basada en el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a la eliminación, y si ello no es posible en todos los niveles, a la disminución de la presencia de los riesgos dichos. Esta afirmación respecto de la voluntad de las partes, la basamos en el tenor literal del segundo punto apartado b) del acuerdo alcanzado el 22/10/01, y sometido a este arbitraje.

4.- En aras a la no dilación en la emisión del laudo arbitral, atendido el marco en el que dicta, y, habida cuenta que la materia de salud laboral obligará a la empresa a desarrollar determinada actividad preventiva, entre la que se encuentra, como piedra de toque, la realización de una evaluación actualizada de los dos riesgos que nos ocupan , esta árbitra ha considerado incluir en la decisión que se adopta, aspectos que se aplicarán una vez se obtengan las correspondientes mediciones, pero que quedan ahora fijados, como criterios que orientarán, llegado el caso, las medidas preventivas que la empresa deberá llevar a cabo, para los supuestos en los que los riesgos aparezcan superando los niveles que se dirán.

Asimismo, se considera que el seguimiento del cumplimiento del cronograma que se establezca, lo deberían realizar los órganos de control y participación que ya existan constituidos, y que en todo momento los/as Delegados/as de Prevención estarán presentes en las mediciones que se realizarán, y estarán informados de las medidas preventivas que se diseñen, así como de su nivel de realización. Lo mismo sería predicable respecto de la información a los representantes legales de los/as trabajadores/as.

IV. Examinada la documentación aportada por la empresa, se observa que, en términos globales, el aumento de los ritmos establecido por la empresa, en orden del 12’5%, por la implantación del nuevo sistema, puede ser asumido por la mayoría de las plazas de las cadenas, por cuanto la actividad a la que trabajan sus componentes no supera la de 60 Us Bedaux, extremo no rebatido por la representación de los trabajadores/as.

Pero no es menos cierto, que con la implantación de la nueva velocidad, hay puestos de trabajo, que básicamente coinciden algunos de los que se producen “autorrelevos”, en los que hay que reforzar la figura de los comodines, porque se puede llegar a producir una saturación excesiva en los mismos. Esta medida la pueda adoptar la empresa, muy probablemente, sin necesidad de realizar nuevas contrataciones.

V. En relación con las medidas de salud laboral relativas a los factores de riesgo, ruido y calor, consideramos, con carácter general, que la empresa debe proceder dando formación e información adecuada a cada trabajador/a afectado/a por la exposición diaria al ruido equivalente, a partir de los 80db, en relación con su exposición al ruido, los riesgos potenciales que tenga para su audición. Así mismo, deberán tener conocimiento estos/as trabajadores/as de las medidas preventivas que lleve a cabo la empresa, así como del resultado de sus controles médicos audiométricos y ambientales.

Habiéndose comprobado que la última evaluación sobre condiciones térmicas (calor), se efectuó en 1998, es evidente que la primera decisión en relación con ese riesgos que se debe adoptar en este arbitraje, es la del desarrollo de las actividades preventivas adecuadas, que deberá iniciarse con la evaluación del riesgo, y la planificación de las medidas preventivas subsiguientes, de la que se dará traslado a esta árbitra, con objeto de establecerse, en su caso, cronograma específico de corrección de las situaciones irregulares que se produzcan. La evaluación, para cuya elaboración se dará un plazo que se dirá, se deberá repetir en periodo estival, para que se pueda ponderar la incidencia real del riesgo en las condiciones de trabajo.

Habiéndose comprobado que no existe una evaluación del riesgo de ruido actualizada al sistema productivo “normalizado” tras los acontecimientos de Septiembre del corriente, la empresa deberá proceder actualizándolo, dando traslado de la evaluación y de las medidas preventivas a los órganos de representación de los/as trabajadores/as y a los de participación. No obstante lo anterior, se ha partido del último estudio realizado por la empresa, para centrar el cronograma que se decide, en la medida que las variaciones que presente la nueva evaluación, no se debe separar en exceso de aquél.

En relación con el riesgo de estrés térmico, dado que la última evaluación realizada data de 1998, esta aproximación en el tiempo, en cuanto a la fijación del cronograma presenta más difícil concreción, lo que justifica nuestra decisión.

VI. Habiéndose expresado en apartado III de estos fundamentos de equidad, que en la materia relativa a Salud Laboral, la decisión arbitral se fundamentará, en buena parte, en el cuerpo legislativo que la regula, se citan al respecto, el RD 1435/92 de 27 de Noviembre, en su Anexo I, apartado 1.5.8; el RD 1215/97, de 18 de Julio, sobre utilización de equipos de trabajo, en su anexo 1, apartado 17; el Convenio nº148 de la OIT, de 20 de Junio de 1977, ratificado por instrumento de 24 de Noviembre de 1980, en su artículo 19; y el RD 1316/89, de 27 de Octubre, sobre protección de los/as trabajadores/as frente al ruido.

Toda la normativa transcrita coincide en los principios sobre los que se debe asentar la finalidad de la reducción de los niveles de ruido: las medidas reductoras se deben aplicar a las instalaciones, operaciones, equipos, máquinas etc, fuente de emisión de aquél. Para ello, las empresas deben aplicar medidas técnicas a las instalaciones, procedimientos, procesos productivos u operaciones existentes, y, si ello no fuera posible, mediante medidas complementarias de organización del trabajo.

Solo residualmente, y siempre que tras adoptarse las medidas preventivas colectivas adecuadas no se pueda reducir los niveles de ruido, la empresa tiene la obligación de proporcionar EPIs apropiados y procurar su uso.

La tendencia dicha, sería predicable para el riesgo de estrés térmico, siendo de aplicación, en lo que a niveles se refiere, lo dispuesto en el Anexo III del RD 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los locales de trabajo.

VII. Es éste un laudo de equidad, y el contenido de su parte dispositiva , vincula a las partes, sin perjuicio de otras obligaciones que puede imponer a la empresa, la Inspección de Trabajo Seguridad Social, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, entre otras materias, la de Salud Laboral.

En base a lo expuesto, consideradas las manifestaciones efectuadas por las partes en litigio, analizada la documentación que han aportado en apoyo de sus posiciones, contrastado todo ello con la aplicación del principio de seguridad jurídica en el procedimiento, y atendiendo a la naturaleza del arbitraje que nos ocupa, resuelvo dictar el siguiente

LAUDO ARBITRAL

I. Tras la implantación de la velocidad de 750 tubos/hora de las cadenas de TRC, procede el incremento de plazas en el sistema de producción por razón del incremento de productividad. Este incremento será de 3 plazas por turno, que se distribuirán, salvo otro acuerdo expreso entre las partes, como sigue:

– Una en la sección denominada de máscaras
– Una en la sección de cono y sección tubo
– Una en la zona de embalaje

II. Se valorarán los puestos de “prensar máscaras”, pendiente de aplicación de un nuevo “lay out”, y el de “wire-loop”, negociándose, en su caso, y si fuera preciso, aquélla carga.

III. En materia de Salud Laboral, se decide lo que sigue:

SOBRE PROTECCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS FRENTE AL RIESGO DEL RUIDO:

Primero: La empresa realizará la evaluación de la exposición al ruido de los/as afectados/as por este arbitraje, para determinar si se superan los límites fijados en el RD 1316/89. Con el estudio de evaluación, que irá precedido de las pertinentes mediciones, se realizará la planificación de las medidas preventivas, con expresión de las mismas en relación con sus plazos de ejecución, que deberán estar necesariamente comprendidos entre los que se dirán.

Para la realización de la evaluación y la planificación de las medidas preventivas, dispondrá la empresa de un plazo de 30 días, desde la notificación del presente laudo.

Segundo: Si de la evaluación se desprendiera la existencia de puestos de trabajo que superan los 90 dB de nivel diario equivalente o los 140 dB de nivel pico, la empresa desarrollará las medidas técnicas necesarias para disminuir el nivel de ruido en su origen, o su propagación, o, en su caso, medidas organizativas encaminadas a reducir la exposición de los/as trabajadores/as . Si de esta reducción se concluyera la necesidad de reforzar esas plazas con “comodines”, éstos no podrán coincidir con ninguna de las plazas cuyo incremento se determina en la parte dispositiva de este laudo.

El programa preventivo que se desarrolle, deberá cumplir en el plazo de 9 meses, el objetivo de disminuir el ruido en estos puestos de trabajo, a nivel inferior de los 90 dB de nivel diario equivalente, o 140 dB de nivel pico.

Hasta que no transcurra el plazo de los 9 meses, se realizarán revisiones audiométricas a los/as trabajadores/as asignados/as a esos puestos de trabajo, con una periodicidad trimestral.

Tercero: Si de la evaluación del riesgo se desprendiera la existencia de puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente superase los 85 dB, pero no los 90dB, la empresa desarrollará asimismo medidas preventivas tendentes a disminuir los niveles de ruido a los 85 dB. Estas medidas podrán ser de carácter técnico u organizativo.

El programa preventivo que se desarrolle, deberá contemplar reducir los niveles de ruido por debajo de los 85 dB, en un plazo de 20 meses.

Hasta que no transcurra el plazo de los 20 meses, se realizarán controles audiométricos cada 10 meses.

Cuarto: Si de la evaluación del riesgo se desprendiera la existencia de puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente superase los 80 dB, pero no los 85 dB, se indicarán las medidas preventivas de carácter colectivo, en el bien entendido que, si no fuera posible técnica u organizativamente esa disminución, se proporcionarán y procurará el uso de de EPIs por parte de lo/as trabajadores/as.

Los controles audiométricos se realizarán en este caso, cada 3 años, además del preceptivo reconocimiento inicial.

Quinto: Si cualquiera de los puestos de trabajo que cuando se evalúen no presenten niveles de exposición superiores a 80dB, viera modificada su situación, por cambio en las condiciones de trabajo, los/as trabajadores/as afectados/as pasarían a tener la consideración de sometidos/as al riesgo, y, en consecuencia, se aplicarían automáticamente las medidas con la cadencia antes expuesta.

Sexto: El programa de medidas preventivas, deberá incluir entre éstas, las tendentes a disminuir el tiempo de exposiciones a ruidos superiores a 80 dB, y 85 dB, en los casos de trabajadores/as que en la actualidad presentan nivel de sordera avanzado, o inicial respectivamente.

SOBRE PROTECCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS FRENTE AL RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO.

Primero: La empresa realizará la evaluación del riesgo por calor, debiendo considerar para ello tanto la agresividad térmica del ambiente, como el nivel de actividad física del/la trabajador/a.

Con el estudio de evaluación, que irá precedido de las pertinentes mediciones, se realizará la planificación de las medidas preventivas, con expresión de las mismas en relación con sus plazos de ejecución. Para la realización de la evaluación y la planificación de las medidas preventivas, dispondrá la empresa de un plazo de 30 días, desde la notificación del presente laudo.

Se deberán repetir las mediciones ambientales, en el periodo estival (mes de Julio), con objeto de obtener ponderadamente los niveles de exposición reales a los que están sometidos los/as trabajadores/as.

Segundo: Se dará traslado a esta árbitra, de la evaluación efectuada y del programa de medidas preventivas a adoptar, que deberá contemplar un periodo de realización de 20 meses, para la corrección de las deficiencias que se presenten, en orden al cumplimiento de los extremos establecidos en el Anexo III, apartados 1 al 4. Si surgiera discrepancia entre las partes en cuanto al escalonamiento de medidas durante ese periodo, será esta árbitra la que resuelva, en el plazo de 1 mes desde la comunicación de la discrepancia.

El Laudo únicamente podrá recurrirse ante los tribunales competentes por cuestiones relacionadas con el procedimiento (falta de citación o de audiencia), aspectos formales de la resolución arbitral (incongruencia) o vulneración de los derechos fundamentales o del principio de norma mínima.

En el plazo de siete días hábiles a contar desde la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar del árbitro o árbitros, la aclaración de alguno de los puntos de aquél, que tendrá que facilitarse en el plazo máximo de 10 días hábiles.

El trámite de aclaración faculta a cualquiera de las partes a solicitar del árbitro o árbitros, única y exclusivamente, la adecuada matización o esclarecimiento de alguno de los puntos contenidos en el laudo, sin que, en ningún caso, tal facultad pueda ser utilizada para rebatir los posicionamientos reflejados en la resolución arbitral.